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 La dislexia afecta aproximadamente a 700.000 escolares en toda España. Se trata de una tipología de las llamadas Dificultades Específicas de Aprendizaje (DEA) y lo que supone es un obstáculo añadido a tareas como el lenguaje, ortografía, escritura, pronunciación y expresión oral. Es decir, las capacidades de comunicación se ven alteradas. No existe una fórmula mágica para vencerla, pero sí muchas posibilidades para combatirla y, finalmente, tras años de intentonas por parte de miles de familias, el Congreso ha instado al Gobierno de Mariano Rajoy a implementar un plan nacional que sirva de ayuda a todos los niños afectados y que sea similar al que existe en otros países europeos como Francia o Alemania. Ahora toca que el Ejecutivo cumpla después de que el socialista Ángel Gabilondo empezara a plantearlo y el popular José Ignacio Wert metiera el asunto en el cajón.

La falta de regulación de este amplio colectivo afecta, en la práctica, a varias cuestiones importantes. La primera de ellas es el fracaso escolartan demostrado en distintos estudios, como los sonados informes de la OCDE que a tantas instituciones hacen llevarse las manos a la cabeza. La Proposición No de Ley (PNL) que llevó el grupo parlamentario de Ciudadanos a la comisión de educación del Congreso esta semana, encaminada a que por fin se ponga en marcha un plan nacional en todas las CCAA para tratar esta situación y que se aprobó por unanmidad, aseguraba que el fracaso escolar podría verse reducido hasta en un 40% si hubiera un diagnóstico real de todas las personas disléxicas.

El presidente de la Federación Española de Dislexia, Jesús Gonzalo, pone el acento en la formación. “En las facultades de magisterio ni siquiera se trata este asunto. Los profesores están completamente desinformados y no acceden a las novedades que surgen en la educación”, afirma a este diario. Desde hace años estas asociaciones se movilizan en busca de atención y de soluciones para los miles de niños que sufren este problema. Su esperanza llegó esta semana al aprobar el Congreso una PNL con el apoyo de todos los partidos, incluido el del Gobierno, que es en última instancia quien deberá dar luz verde al plan.

Y la mayor gravedad no solo recae en la falta de regulación, sino en las desigualdades dependiendo de la comunidad autónoma en la que cada cual esté. Por ejemplo, en Murcia o Cataluña existen ‘ayudas’ —medidas flexibilizadoras, en realidad— que permiten a los escolares con dislexia acceder después al sistema universitario de todo el país, como el madrileño, mientras que los estudiantes de Madrid se ven limitados por esa falta de ayudas.

Marta Martín: “Estas cosas le pueden cambiar la vida a muchísimas personas y encima tienen un coste bajísimo. Hay que hacer que funcione ya”

Las llamadas medidas de accesibilidad o flexibilización que están recogidas en el PNL aprobado en el Congreso son tan sencillas como la disposición de un tiempo extra, que el formato de los exámenes se limite a una carilla, leer las preguntas en voz alta o señalar la información principal de los textos en negrita. “Estas cosas le pueden cambiar la vida a muchísimas personas y encima tienen un coste bajísimo. Hay que hacer que funcione ya”, afirma la diputada naranja, Marta Martín, impulsora de la iniciativa que también ha respaldado el partido del Gobierno.

Los estudiantes con dislexia no solo se ven perjudicados por la falta de estas iniciativas, sino que además se enfrentan a otra discriminación en el sistema de becas. Mientras hay colectivos, por ejemplo de altas capacidades o educación especial que acceden a él, no existe un programa específico para niños con dislexia pese a que su dificultad de aprendizaje aparece recogida como “alto riesgo de vulnerabilidad” en la propia LOMCE.

Especialmente relevante es el amplísimo número de personas que se ve afectada por la dislexia. En España, sin que exista un registro formal, ya se habla del 10% de la población. Ciudadanos, impulsor de la iniciativa, habla de 700.000 personas hoy en día. María Sanz afirma que en las organizaciones internacionales hablan del 17 al 20 por ciento en cada país, e insiste en que es poco probable que España sea la excepción con menos casos: lo que ocurre es que todavía no están identificados.

Las asociaciones se muestran “escépticas”, aunque el consenso parlamentario les ha vuelto a dar alas

Por eso, la proposición al Ministerio de Educación que lidera Íñigo Méndez de Vigo insta a que se cree también una base de datos para obtener información a mayor escala y mejorar el protocolo de detección, además de exigir una coordinación necesaria entre los distintos profesionales que atienden a los alumnos, desde el punto de vista educativo, sanitario y social. Las asociaciones aún se muestran “escépticas”, aunque el amplio consenso parlamentario les ha vuelto a dar alas. Precisamente el 5 de octubre se celebra el día internacional de la dislexia y, aunque llevan años detrás de una regulación similar y no son partidarios de creer en casualidades, reconocen que este es un momento más que oportuno para pasar a la acción.

Fuente: El Confidencial